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Cada cifra con su fuente, su método y su interpretación.
El punto de partida. El Censo 2024 midió que el 14,0% de la población tiene 65 años o más, y que por cada 100 menores de 15 años hay 79 personas de 65 o más. Ese índice era 22,2 en 1992: se multiplicó por tres y medio en treinta y dos años. La edad promedio pasó de 28,8 a 38,1 años en el mismo período.
El dato que menos circula es el de los hogares. 766.741 hogares están compuestos exclusivamente por personas de 65 años o más —el 11,6% del total, contra el 4,3% de 1992— y de ellos 454.764 son una sola persona mayor viviendo sola, es decir seis de cada diez. Al mismo tiempo el hogar promedio bajó de 4,0 a 2,8 personas. Importa para pensiones porque la red informal de cuidado y de apoyo económico que históricamente complementó a las pensiones bajas es exactamente lo que se está adelgazando.
La trayectoria. Según la proyección del INE de enero de 2026 —la primera que incorpora los resultados del Censo 2024—, la razón entre personas de 65 o más y población de 15 a 64 años pasa de 0,21 en 2025 a 0,45 en 2050 y 0,85 en 2070. En el mismo tramo la población de 65 o más va del 14,5% al 42,6%, y la de 15 a 64 baja del 68,6% al 50,2%. La tasa de fecundidad está en 0,97 hijos por mujer, menos de la mitad del nivel de reemplazo, y la esperanza de vida al nacer sube de 81,5 a 88,4 años. La población total llega a unos 20 millones y empieza a caer alrededor de 2036.
La escala. En la comparación internacional de la OCDE, Chile pasa de 22,5 personas de 65 o más por cada 100 de 20 a 64 años en 2024 a 52,3 en 2054 y 95,0 en 2084, contra un promedio OCDE que va de 32,6 a 55,2 y 67,7. Chile parte diez puntos más joven que el promedio y termina veintisiete puntos más viejo. En 2084 sería el segundo país más envejecido de la OCDE, detrás de Corea (122,0) y por encima de Japón (81,6). En 1954 Chile y Corea marcaban el mismo valor, 6,4.
Fuente secundaria. La trayectoria del INE se cita desde su reproducción en BID IDB-WP-1824, tabla 2.1.1. Contra el comunicado del INE del 28 de enero de 2026 se cotejaron el 42,6% de personas de 65 o más en 2070, la esperanza de vida de 88,4 años en 2070 y la caída de la población desde 2036; las razones de dependencia, los tramos de 2025 y la tasa de fecundidad quedan pendientes de cotejo con la publicación primaria del INE.
Tres definiciones que no se mezclan. El índice de envejecimiento del Censo 2024 es el número de personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15.
La razón de dependencia de vejez de la proyección del INE es 65 o más sobre población de 15 a 64 años, expresada en razón.
La razón vejez/edad activa de la OCDE es 65 o más por cada 100 personas de 20 a 64 años. Las dos últimas son coherentes entre sí —el denominador 20-64 es más chico que el 15-64, de modo que la razón OCDE tiene que ser algo mayor, y lo es: 22,5 por 100 en 2024 contra 0,21 en 2025— pero son cifras distintas y no se presentan como la misma serie.
No se usa acá el informe del INE de 2022 sobre envejecimiento, que trabaja con base Censo 2017 y con una definición de 60 o más sobre menores de 15.
Lectura — La reforma se discutió como un problema de tasas: cuánto se cotiza, cuánto rinde, cuánto se reparte. El reloj demográfico dice que también es un problema de denominador.
Un sistema en que la razón entre pasivos y activos se cuadruplica entre 2025 y 2070 tensiona por igual las dos piezas de la Ley 21.735: la PGU, porque es un gasto fiscal que crece con el número de mayores de 65, y el Seguro Social, porque se financia con cotizaciones de una población de 15 a 64 años que empieza a encogerse en términos absolutos alrededor de 2036.
Ninguna de las dos cosas se resuelve con el régimen de inversión, que es donde se ha concentrado el debate técnico de este año. La nota 02, la paradoja fiscal, pone las dos proyecciones oficiales de gasto una al lado de la otra y explica por qué la herramienta que mediría ese canal no puede construirse con lo publicado.
Fuentes: INE, Síntesis de resultados Censo 2024, figuras 8, 9, 10, 50 y 51; proyección de población del INE de enero de 2026 reproducida en Medina, Pedersen y Reyes-Tagle, Fiscal Implications of Population Aging in Chile, BID Working Paper IDB-WP-1824, agosto de 2026, tabla 2.1.1, p. 8; OCDE, Pensions at a Glance 2025, tabla 6.2, p. 197, sobre proyecciones de Naciones Unidas World Population Prospects 2024. Cortes: Censo 2024 al 2024; proyección INE a enero de 2026; OCDE a 2025.
Las dos cifras juntas. Chile proyecta que su gasto público en pensiones pase de 3,4% del PIB en 2023-24 a 4,5% en 2060: poco más de un punto en casi cuatro décadas. El promedio de la OCDE va en el mismo lapso de 8,8% a 10,3%. Es decir que Chile termina el período gastando menos de la mitad del promedio, mientras su razón de vejez sobre edad activa pasa a ser la segunda más alta de la organización.
Corea sirve de contraste porque es el caso extremo del mismo problema demográfico: parte todavía más abajo que Chile —1,7% del PIB en 2023-24— y llega a 7,7% en 2060, cuadruplicando su gasto. Los dos países envejecen rápido; sólo uno de los dos proyecta pagarlo con gasto público.
Por qué no es una contradicción. El diseño chileno traslada el peso del envejecimiento a las cuentas individuales, donde el costo aparece como pensión más baja y no como gasto fiscal, y concentra el gasto público en la PGU, que es un beneficio focalizado de monto fijo y no una promesa proporcional al salario. Un sistema así puede envejecer sin que el presupuesto lo registre: el ajuste lo absorben las pensiones de las personas. Esa es la elección de fondo de la Ley 21.735, y la proyección fiscal es la forma en que queda escrita.
Dónde termina lo publicado. La serie de la OCDE llega a 2060. Pero la razón de vejez de Chile sigue subiendo con fuerza después: 52,3 en 2054 y 95,0 en 2084. Es decir que el tramo en que el envejecimiento chileno llega a su punto más alto queda fuera del horizonte de la proyección de gasto disponible. Dipres tiene un modelo que corre hasta 2100, pero el documento que lo describe publica la metodología, no la serie de gasto resultante sobre PIB.
Chile obtuvo 76,6 puntos (grado B+) y subió al octavo lugar entre 47 sistemas evaluados, el mejor resultado de América Latina. El índice pondera tres subíndices — adecuación (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%) — y la posición chilena se explica por una composición desigual entre ellos.
Integridad (86 puntos) es la fortaleza histórica: regulación y supervisión estrictas de la SP, cuentas de propiedad individual, transparencia de carteras y gobernanza. Sostenibilidad (74,9) subió casi 4 puntos en 2025, en parte por mejores proyecciones de crecimiento del FMI y por el ajuste de las cifras de deuda pública — es decir, también por viento de cola macro, no solo por diseño.
El componente más bajo es la adecuación (~72): cuánto reciben efectivamente los pensionados. Lagunas de cotización, informalidad del 27% y densidades bajas —47,7% en mujeres— producen pensiones autofinanciadas insuficientes. Es el flanco que la reforma aborda con la PGU de $250 mil, el aporte del empleador y los bonos del Seguro Social; el informe consignó que las reglas de transición de la Ley 21.735 mejoraron la evaluación del diseño. La edición de octubre de 2026 será la primera con la reforma operando.
2024 (oficial) — Total 74,9 (9° de 48) · adecuación 71,2 (19°) · sostenibilidad 70,9 (10°) · integridad 86,5 (6°). La serie confirma el patrón: integridad de elite, adecuación rezagada. Fuente: Mercer CFA GPI 2024, vía F. Mejido (UST, seminario oct 2025).
* — Mercer publicó para 2025 el total (76,6), sostenibilidad (74,9) e integridad (86). La adecuación se estima desde las ponderaciones oficiales 40/35/25 (~72), consistente con el 71,2 de 2024 más la mejora de 0,7 puntos que reportó la nota de prensa. Fuentes: Mercer CFA Institute GPI 2025; AAFP.
En 2026 se dicta la normativa; en 2027 comienzan las transiciones mayores. Entre 2028 y 2029, sin embargo, tres procesos coinciden en los mismos meses: la transición de multifondos a fondos generacionales aún en curso, la transferencia efectiva del 10% de los afiliados licitados y el inicio del régimen de premios y castigos por desempeño.
La coincidencia es relevante porque cada adjudicación mueve carteras completas entre gestores —con riesgo de rebalanceos anticipados (front-running) y de pérdida de rentabilidad al transferir activos ilíquidos—, cada ronda incorpora además ~20 mil nuevos jubilados, y todo ocurre mientras ~2 millones de personas a menos de 10 años de jubilar siguen migrando de fondo. La secuencia de ejecución afecta directamente los saldos de los afiliados.
La mitigación posible también está identificada: benchmarks que reflejen la demografía de cada gestor, ciclos de revisión más cortos que los 7 años que fija la ley, límites al estacionamiento en fondos de corto plazo del exceso de liquidez que generan las licitaciones, y comunicación masiva con los afiliados licitados.
Fuente — Cronograma de implementación 2026–2030 y desafíos: presentación de L. Fernández de Castro, Asociación AFP (2026), contrastada con la Ley 21.735 y la normativa SP. La fecha de la licitación (ago 2027) está además en evaluación política, ver "En disputa".
La misma ley y el mismo calendario caen sobre administradoras radicalmente distintas. Las AFP grandes y antiguas concentran a los afiliados de mayor edad —y con ello cerca del 83% de los activos administrados—, mientras las entrantes de bajo costo (Modelo, Uno, PlanVital) concentran cohortes jóvenes con saldos chicos.
La consecuencia es directa: para las grandes, el riesgo crítico es la migración a fondos generacionales —sus afiliados próximos a jubilar no tienen tiempo de recuperar una caída de retornos—; para las chicas, el partido se juega en la licitación por comisión, donde ya tienen la ventaja de precio (0,46%–1,16% contra 1,27%–1,45%). El regulador tiene que calibrar una sola norma para ambos mundos.
Fuente — Distribución de activos por clase de administradora y tramo etario: estimaciones de la Asociación AFP (T2 2024 extrapoladas a T4 2025). El corte exacto por AFP no es público; el orden de magnitud sí es consistente con los datos de la SP.
El componente financieramente más complejo de la reforma es la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP): un 1,5% del sueldo que entra como préstamo de los trabajadores al Seguro Social. Se registra a nombre de cada persona como un bono amortizable con rentabilidad garantizada, que se devuelve sumándose a la pensión al jubilar.
El préstamo financia la transición —pagar los bonos de los pensionados de hoy sin deuda fiscal inmediata— y luego se extingue: desde 2046 baja 0,15 puntos por año, que pasan directo a la cuenta individual, hasta desaparecer en 2054–2055. Resultado final: 6% del sueldo a la cuenta individual (más el 10% actual), 2,5% permanente al seguro social. La gradualidad completa depende, además, de la recaudación tributaria: si falla, el calendario se estira a 11 años.
Desde abril de 2029, las comisiones de las AFP quedarán atadas a su desempeño contra una cartera de referencia (benchmark). El diseño en discusión combina una institucionalidad pública que fija clases de activos, índices y rangos, con administradoras que eligen sus ponderaciones dentro de esos rangos — es decir, contiene un componente de autoevaluación.
La evidencia empírica internacional sobre ese componente es consistente y desfavorable. En fondos mutuos de EE.UU., un 31% de los gestores eligió benchmarks desalineados con su cartera efectiva (Sensoy, JFE 2009), y estudios recientes documentan la manipulación ex post de índices de referencia (Mullaly y Rossi, Review of Financial Studies 2025). En pensiones, los Personal Pension Plans británicos autorizados a elegir su referencia "eligieron referencias fáciles de vencer, no informativas y con fines publicitarios" (Petraki y Zalewska 2017), y los fondos holandeses con benchmarks propios mostraron el mismo incentivo estratégico (Broeders y De Haan, JPEF 2020).
El mecanismo del abuso es preciso: designar como referencia la combinación de mínima prima por riesgo permitida y gestionar la cartera efectiva con la máxima — la diferencia promedio se presenta como pericia del gestor, cuando es prima por riesgo que ya pertenecía a los afiliados. Ampliar los rangos no corrige el problema.
Las empresas no pueden ponerse sus propias notas.
Mitigaciones en discusión — Más comparación con pares y menos autoevaluación; límites al error de seguimiento (tracking error); incentivos que "empiecen siendo pequeños" (el tope legal de premios y castigos es 15% de las comisiones promedio, hoy equivalente a ~0,09% de los saldos, según FIAP); y revisiones del benchmark más frecuentes que el mínimo legal de 7 años. La prioridad de corto plazo, en todo caso, es ejecutar la transición de abril 2027 sin errores operacionales. Fuentes: presentación S. Valdés (jun 2026) con literatura citada; K. Fernández-Delgado (FIAP); SP.
La mediana de la tasa de reemplazo total subiría 14,3 puntos porcentuales en el corto plazo con la reforma, según la Dirección de Presupuestos: de 50,9% a 65,2% para quienes se pensionen en 2025, de 46,6% a 58,1% en 2044 y de 44,8% a 59,5% en 2070. En mujeres el salto inicial es mayor, de 49,0% a 65,6% (+16,6 pp), por la compensación por expectativa de vida y el beneficio por años cotizados. La tasa mide la pensión —contributiva más PGU— sobre el promedio de la remuneración imponible de los últimos doce meses cotizados, es la mediana de los cocientes individuales, y se calcula para los nuevos pensionados de cada año: es una medida de flujo. Sólo la parte contributiva pasaría de 14,6% a 25,7% en 2025 (Cuadro 5).
El punto de partida explica la urgencia: entre quienes se pensionaron entre 2015 y 2022 y seguían vivos en diciembre de 2022, la mediana de la tasa de reemplazo autofinanciada era de 17% —27% en hombres, 11% en mujeres— y la total, con PGU, de 63% (SP–Dipres 2024, Tabla 6.2). Para el total de pensionados vivos, incluidas las cohortes antiguas, las cifras son 19% y 72% (Tabla 6.1). Esas tasas son de stock y la proyección de Dipres es de flujo; por eso el 63% de la Superintendencia y el 50,9% de Dipres no se contradicen, y el detalle va abajo. El resto lo aportaba el pilar solidario. Y sin reforma, el gasto en PGU habría escalado de 2% a un rango de 7% del PIB hacia 2050, presionando la deuda pública unos 30 puntos adicionales — el contrafactual fiscal que hizo inviable no reformar.
Por qué los flujos mueven precios. La evidencia moderna descarta que los mercados absorban flujos grandes sin moverse: Gabaix y Koijen estiman que un dólar de flujo agregado eleva el valor del mercado accionario en torno a cinco dólares (hipótesis de mercados inelásticos), y Duffie mostró que el capital de contraparte llega lento, por lo que las ventas concentradas producen presión de precios primero y reversión después. En renta fija, Greenwood y Vayanos documentan que los cambios de oferta y duración mueven los premios por plazo.
La evidencia chilena es directa. Da, Larraín, Sialm y Tessada (Review of Financial Studies, 2018) midieron los traspasos coordinados por Felices y Forrados: flujos mensuales de US$1.000–4.000 MM que exigían transar ~US$395 MM en acciones locales — casi el doble del volumen diario del mercado (US$205 MM) — produjeron presión de precios de ~1% en tres días con reversión en cinco, elasticidad de demanda de −0,45 y un costo de bienestar de ~10 pb anuales. Y los retiros 2020–22 (US$48.339 MM, 25% de los fondos) coincidieron con alzas de 2,6 puntos en la tasa del bono a 10 años, hipotecarias de 2,5% a 4,4% real, y un mercado de renta fija 43% menos profundo que antes de la pandemia (USS, 2024).
Lo que viene. La implementación concentra flujos comparables: la transferencia del 10% licitado (~US$25.500 MM brutos cada dos años), el rebalanceo de la transición a fondos generacionales, la liberación del encaje en 48 meses y las compras del FAPP (~US$3.800 MM anuales en régimen). El riesgo no es el monto total sino su concentración en ventanas cortas y fechas conocidas.
Tres advertencias sobre estas cifras.
Primera: la OCDE advierte en la propia tabla 8.4 que la cobertura difiere entre países según incluyan o no el gasto en beneficios sujetos a comprobación de medios, de modo que las comparaciones de nivel entre países deben leerse con cuidado; en el caso chileno eso afecta directamente cómo entra la PGU.
Segunda: la fila de Chile no es una proyección de la OCDE sino del Ministerio de Hacienda, según la nota de fuentes de la tabla.
Tercera: hay un desacuerdo entre fuentes que conviene tener presente. Medina, Pedersen y Reyes-Tagle calibran su elasticidad de gasto en pensiones —el parámetro 0,36— para reproducir un alza de unos 3 puntos del PIB en treinta años que atribuyen a proyecciones de largo plazo del FMI, magnitud bastante mayor que el algo más de medio punto entre 2025 y 2060 de la tabla 8.4. No hemos visto el documento del FMI: la referencia llega por vía del trabajo del BID y así queda anotada, sin darla por verificada.
Lectura — Hay una herramienta que este observatorio quiso construir y no puede. La especificación de Medina hace que el gasto en pensiones sobre PIB escale como una potencia de la razón entre elegibles en edad de jubilar y fuerza de trabajo, con exponente 0,36, lo que permitiría mover la edad legal o la participación femenina y ver el efecto fiscal.
De los insumos que eso exige, tres no están publicados: la serie de elegibles sobre fuerza de trabajo —que requiere población por tramo de edad y sexo, y la tabla del BID sólo entrega 0-14, 15-64 y 65+—, la serie de población de 80 años o más que alimenta la ecuación de salud, y el parámetro de gasto no asociado a edad, que el Apéndice C no lista. Construirla habría exigido inventar esos tres insumos y presentarlos como si vinieran de alguna parte. Queda anotado como Sin dato, y quien correspondería que lo publicara es Dipres, que ya tiene el modelo corriendo hasta 2100.
Las elasticidades, además, no son estimaciones de comportamiento: son parámetros calibrados para que el modelo reproduzca proyecciones del FMI y de Dipres, de modo que usarlas como si midieran una respuesta observada sería leerlas mal.
Fuentes: OCDE, Pensions at a Glance 2025, tabla 8.4, p. 227, cuya nota de fuentes atribuye la fila de Chile al Ministerio de Hacienda; OCDE, Pensions at a Glance 2025, tabla 6.2, p. 197; Medina, Pedersen y Reyes-Tagle, BID Working Paper IDB-WP-1824, agosto de 2026, ecuaciones (b.2), (b.3), (b.7), calibración en pp. 29-30 y Apéndice C, tabla C.2; Dipres, Modelo de Proyecciones del Sistema de Pensiones en Chile 2025-2100. Corte: OCDE a 2025.
Lectura — Trayectoria legal del destino del aporte del empleador: la cuenta individual (línea tinta) sube en dos etapas —gradualidad 2026–2033 y absorción del préstamo 2046–2054—; la CRP (línea ocre) nace, se estabiliza en 1,5% y se extingue. Fuente: Ley 21.735; tablas de gradualidad, Asociación AFP.
Tres cosas distintas. La tabla 6.1 del estudio SP–Dipres de enero de 2024 mide a todos los pensionados por vejez vivos a diciembre de 2022: 1.507.572 personas, con cohortes que se jubilaron antes de 2007 y tienen tasas totales de 103%. Es un stock, y su mediana —72%— está dominada por los antiguos. La tabla 6.2 acota a los pensionados 2015–2022 y baja a 63%. Y el gráfico 6.4 del mismo estudio muestra que sólo la cohorte de 2022 tiene una tasa total de 55%, con la autofinanciada en 15%. La proyección de Dipres toma justamente esa última perspectiva: los nuevos pensionados de cada año. Su 50,9% para 2025 continúa la serie 55% (2022) → 56% (proyección «Actual» de 2024, Tabla 7.10) con la metodología replicada, según la nota 3 del informe de 2025.
La PGU se imputa distinto. En las tablas de la Superintendencia la pensión total suma la PGU a todos los pensionados como si tuvieran 65 años, para que hombres y mujeres sean comparables; en la proyección de Dipres la elegibilidad se modela. Y en la tabla 6.1 los valores están en pesos de agosto de 2023: la diferencia entre la mediana total y la autofinanciada, $205.552, es la PGU de diciembre de 2022 reajustada, no una inconsistencia.
La mediana no se divide. La nota al pie de la tabla 6.1 lo advierte: la tasa publicada es la mediana de los cocientes individuales, que no es el cociente de las medianas. Dividir $168.005 por $479.255 da 35% y la tabla dice 31% para los hombres; dividir $84.906 por $404.931 da 21% y la tabla dice 19%. Ninguna de las dos aritméticas está mal; miden cosas distintas.
Una inconsistencia interna sí hay, y es chica. La página 13 del estudio dice que la mediana de la pensión autofinanciada de todos los vivos es $84.183 y la tabla 6.1, en la página siguiente, $84.906. La explicación más probable es la nota 11: un 2,5% de los pensionados, concentrado en los anteriores a 2007, no tiene remuneración registrada y queda fuera de la tabla de tasas pero no del conteo general. El documento no lo dice explícitamente; queda anotado como conjetura.
Un escenario más que Dipres publica y este observatorio no había recogido. Con dos supuestos adicionales —densidad de cotización 10% mayor y el retorno extra de los fondos generacionales— la tasa total con reforma llegaría a 65,5% en 2025, 60,5% en 2044 y 67,8% en 2070 (Cuadro 17, p. 48). Se publica aparte porque descansa en un supuesto de comportamiento que la ley no garantiza.
Fuentes: Superintendencia de Pensiones y Dirección de Presupuestos, Estudio sobre tasas de reemplazo en el sistema de pensiones chileno y sus proyecciones bajo distintos escenarios, 22 de enero de 2024, tablas 6.1 (p. 14), 6.2 (p. 16) y 7.10 (p. 30), gráfico 6.4 (p. 15), metodología en pp. 8–9; Dirección de Presupuestos, Seguro Social Previsional: aportes, beneficios y sostenibilidad, enero de 2025, cuadros 5 (p. 12), 7 (p. 13) y 17 (p. 48), nota 3. Ambos leídos en el original. Las láminas del seminario FINEG-UST de octubre de 2025 que antes se citaban reproducían el Cuadro 7 correctamente.
Lectura — La licitación bruta equivale a ~125 días de transacción bursátil local si se liquidara en mercado; el episodio F&F, con flujos de solo 2× el volumen diario, bastó para mover precios 1%. La escala del problema es también la escala del argumento por el traspaso en especie. Volumen diario: muestra de Da et al. (2011–13); la licitación exacta dependerá del diseño final. Fuentes: RFS 2018; USS 2024; SP; AAFP.
Mitigaciones — lo que ya está en la ley: (1) traspaso en especie: los activos del 10% licitado pueden transferirse sin liquidarse — la mitigación de mayor efecto, subrayada por Ruiz para los alternativos ilíquidos; (2) gradualidad incorporada: límites transitorios de 36 meses para los fondos generacionales, liberación del encaje en 48 meses, licitación por décimos cada dos años; (3) benchmarks diseñados "sobre flujos y tiempos, no carteras estáticas", como planteó la propia SP, con bandas que no fuercen ventas procíclicas.
Lo que la evidencia sugiere agregar: (4) ventanas de ejecución anchas con discreción — fechas únicas y conocidas invitan al front-running (AAFP, Valdés); (5) cruce y neteo entre administradoras antes de salir a mercado, estándar del transition management; (6) facilidad de liquidez del BCCh tipo CC-VP como respaldo — el precedente de los retiros: hasta US$10.000 MM por evento comprando al contado y vendiendo a plazo, que evitó liquidaciones apresuradas; (7) límites al estacionamiento en money market del exceso de liquidez post-licitación (AAFP). El objetivo común: convertir un flujo concentrado en uno lento y anticipable — exactamente lo que revierte el mecanismo de Duffie.